Actualmente el mayor impulso desde las instituciones públicas al Comercio Justo está produciéndose a raíz de la concienciación de los gobiernos regionales y locales con el desarrollo sostenible. Muchos de ellos se están adhiriendo a plataformas internacionales que dan apoyo a esta temática.
A nivel autonómico las comunidades que reconocen en sus leyes de cooperación el Comercio Justo son: Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Navarra.
Ya fuera del ámbito de la cooperación y de forma no vinculante, el Comercio Justo ha tenido un reconocimiento parlamentario con Proposiciones No de Ley y Resoluciones en diversas comunidades como Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y el País Vasco.
Debemos destacar la creación de la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica. Esta red está formada por administraciones públicas que desean tomar medidas para luchar contra la explotación laboral de trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidos. Con la introducción de criterios éticos en la compra pública de ropa pretenden implementar mecanismos que permitan asegurar que la ropa utilizada por trabajadores y trabajadoras de nuestras administraciones públicas ha sido confeccionada libre de explotación e injusticias. La propia Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona o el Ayuntamiento de Tarragona entre otros, pertenecen a esta red.